El programa del PP ensombrece aún más el futuro de los más débiles
El «plan de choque» previsto por la derecha española si alcanza el ansiado poder tras las elecciones del 20N, contiene puntos más que preocupantes para las clases sociales más necesitadas, que verán congelados, cuando no reducidos, sus derechos.
El punto más preocupante para la inmensa mayoría de los ciudadanos es que el Partido Popular congelará el Salario Mínimo Interprofesional.
En la práctica esto supone la congelación de los derechos de los trabajadores cuya retribución está sujeta o referida a este valor. Esta medida de Rajoy tendrá una consecuencia nefasta para las cuentas públicas, ya que se verán reducidos los ingresos por cotizaciones y tributaciones. Esto se debe a que muchas empresas se rigen por el Salario Mínimo Interprofesional para establecer los salarios de sus empleados, al menos los salarios oficiales por los que se generan cotizaciones a la Seguridad Social y tributaciones a Hacienda, aunque el salario realmente percibido por el trabajador pudiera ser mayor, en función del dinero negro al que el empresario tenga necesidad de dar salida.
En materia de reforma laboral, Rajoy se muestra partidario de dotar de "mayor flexibilidad" las relaciones entre trabajadores y empresas, en clara referencia a la doctrina que vienen defendiendo desde las posiciones más radicales y que aplicarían tras su hipotética victoria electoral en la que los contratos se precarizan cada vez más y los derechos conquistados por los trabajadores tras siglos de luchas tienden a extinguirse en favor de los empresarios.
Otra de las revelaciones de Rajoy que producirán más de un desvelo entre los más afectados por la crisis es que "ve difícil la rebaja de las tarifas eléctricas".
Por contra, el líder "popular" rebajará en cinco puntos el impuesto de sociedades, lo que tendrá como consecuencia nefasta e inmediata otra rebaja más en los ingresos vía impuestos que recibe el Estado.
Estas medidas resultan incongruentes y contradictorias respecto de la "intención" que manifiesta el propio Rajoy de no recortar el Estado del Bienestar, ya que hasta el momento solo predica reducción de derechos para los trabajadores y ampliación de ventajas para las empresas. En este sentido el líder de la derecha española aboga por eliminar una larga lisa de organismos públicos que cree "sin utilidad", y entre los que se podrían encontrar los relacionados con el extinto Ministerio de Igualdad, que tantas críticas recibieron del PP hasta su desaparición e integración en el Ministerio de Sanidad.
En materia de vivienda, Rajoy pide a los bancos que con respecto a la inmensa bolsa de propiedades que éstos han obtenido mediante la ejecución de embargos hipotecarios, que saquen al mercado las propiedades, no a un precio justo, sino a un precio que se puedan vender.
Con respecto de las enormes deudas de las comunidades autónomas y para las que Rajoy ha estado reclamando al Gobierno con recurrencia enfermiza una ampliación de los límites, ahora anuncia el líder derechista que establecerá un techo de gasto para que las comunidades no empeoren su situación actual.