Hacer justicia a las víctimas del franquismo pasa por aplicar las leyes tanto nacionales como internacionales a los que cometieron aquellos terribles crímenes (responsables y colaboradores), algo difícil de imaginar en un tribunal de excepción, como es la Audiencia Nacional, heredero del franquista Tribunal de Orden Público. Pero aún partiendo de esta premisa, el Fòrum per la Memòria del País Valencià decidió presentar denuncia por crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo.
El hecho de presentar las denuncias, y caer en manos del juez más mediático de este país, seguro que desencadenaba una campaña de gran repercusión en la que la polémica estaba garantizada. Muchas de las atrocidades cometidas durante el franquismo se iban a conocer. Hablar de genocidio, de crímenes contra la humanidad y de que miles de personas en situación de desaparición forzada era inevitable: una ocasión que de ninguna manera había que desaprovechar.
La tramitación del Sumario ha aireado que los que planificaron el golpe de estado contra la II República (Franco y sus militares, la Iglesia Católica y la derecha en general, que no aceptaron las reformas acometidas por este gobierno por el bien común), lo hicieron “en forma coordinada y consciente, determinados a derrocar el gobierno legítimo de España”, que una vez “declarado el Estado de Guerra la acción ha de ser en extremo violenta”, que “es necesario propagar una imagen de terror y que cualquiera que sea abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado”, expresa el Auto de 16 de octubre de 2.008. La última frase forma parte de la Instrucción Reservada nº 1 de 25 de mayo de 1.936 del General Mola, en la que también dice: “Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Se cita que Franco en 1936, en una entrevista al “Chicago Daily Tribune” admite que si es necesario se matará a media España, y también cita a Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, quien declara que hay que “matar, matar y matar” a todos los rojos, para librar a España de “ratas y piojos”. Estas instrucciones ya eran conocidas en muchos ámbitos, pero no por la opinión pública en general, después de varias generaciones de desinformación y deseducación.
Joan Garcés, voz autorizada como pocas, y parte en esta causa como abogado de Carmen Negrin, en el acto de presentación en Madrid de nuestro libro “El genocidio franquista en Valencia, dijo que la represión franquista fue “una estrategia de destrucción cultural, para determinar una configuración social, tanto por la eliminación de la élite cultural, como por el exterminio intencionado de un grupo nacional diferenciado, dirigida la represión implacable contra clases sociales populares”, y refiriéndose a la represión padecida en Valencia “que estamos, sin lugar a dudas, ante hechos de genocidio”
Las primeras denuncias datan de diciembre de 2.006, pero el Juzgado no realiza ningún trámite, hasta que el 29 de enero de 2.008, el fiscal de la Audiencia Nacional, siguiendo instrucciones verbales del Fiscal General del Estado, al que se supone está del lado de las víctimas y de sus familias, reclamando de Jueces y Tribunales justicia para ellas, y que actúa de acuerdo con las decisiones del Gobierno, formado por el PSOE, se opone a la investigación y emite un dictamen contrario a que se admitan las denuncias. Un dictamen muy difícil de entender: este partido tiene a miles de asesinados por el franquismo entre sus filas a los que no ha hecho justicia.
Con la trayectoria del PSOE, esa actitud ya no extraña tanto. Suscribió los “Pactos de la Transición” a la muerte de Franco, en los que pactaron la impunidad para los responsables y colaboradores del genocidio y la destrucción de sus pruebas, el silencio de los crímenes y el olvido de las víctimas. Aceptó al rey designado por Franco con su bandera y con su himno. No aplicó las leyes nacionales e internacionales a los genocidas franquistas, pero si dejó entrar en sus filas y ocupar altos cargos públicos, a descendientes de franquistas implicados en el genocidio, como el Fiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido, nieto de un coronel auditor del ejército del Caudillo que firmó muchas sentencias de muerte de demócratas, el ministro de Justicia Fernández Bermejo, hijo del Jefe Local del Movimiento Nacional en Arenas de San Pedro o el Presidente de las Cortes españolas, José Bono, hijo de falangista y según sus propias declaraciones “a mucha honra”. Pero no son los únicos, hay muchos más incrustados en cualquier ámbito de la sociedad, incluso en el movimiento memorialístico.
Para paliar la terrible injusticia padecida por las víctimas del franquismo, el Parlamento aprueba la eufemísticamente llamada “Ley de la Memoria”, que además de no hacer justicia, agravia y ofende a las víctimas por las discriminaciones que establece respecto de otros colectivos de víctimas, como por ejemplo, las del terrorismo. Ni tan siquiera anula los Consejos de Guerra Sumarísimos que fueron una farsa siniestra que llevó a miles de demócratas al paredón de fusilamiento (¿haría incurrir esa anulación en responsabilidades penales, económicas y administrativas a responsables de aquellos juicios, con descendientes ocupando altos cargos en el Estado?) Por si la protección dada a los genocidas con la Ley de Amnistía del 77 era poca, ahora esta Ley les blinda la impunidad, declarando extinguidos los delitos en razón del tiempo transcurrido
Pero no se acaba aquí el reconocimiento a los franquistas y a sus descendientes (con subvenciones a la Fundación Francisco Franco incluidas). La familia del dictador vive en España y conserva (ellos y otros muchos), bienes incautados a los republicanos, muchas veces después de asesinados, o bien obligando a los ciudadanos a pagarlos (Pazo de Meirás). En el colmo del agravio a las presas del franquismo, en 2.005, el Gobierno español concede el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, nada menos que a la orden religiosa de San Vicente de Paúl, formada por mujeres que habían sido sus carceleras, tratando con tanta saña y crueldad a las presas y a sus hijos, que en 1.945 fueron expulsadas de la cárcel de Ventas a petición del personal civil (de la Sección Femenina), según cuenta Soledad Díaz, ex presa de Ventas, a Giuliana di Febo (“Resistencia y Movimiento de Mujeres en España 1936-1945” Icaria Editorial 1979)
Caso de Valencia
El despliegue informativo en torno a las denuncias ha sido grande, pero para la prensa nacional Valencia prácticamente no ha existido, y para la local, lo mínimo imprescindible. Y siempre intentando desacreditar el trabajo de documentación del Fòrum per la Memòria con el mismo argumento: las personas tiradas a las fosas del cementerio no fueron víctimas. Por qué? Porque muchos tienen anotadas enfermedades comunes como causa de muerte. Se niega lo que se acepta para el resto del país: que a las fosas comunes de dentro y fuera de los cementerios los franquistas tiraron a sus víctimas, y que los datos sobre las causas de muerte están falseados, que no eran más que eufemismos que encubrían ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y palizas.
De poco vale que cargos públicos durante la República asesinados, que no constaban en ninguna relación, hayan sido reconocidos por sus familias tras 70 años de desaparición, registrados con enfermedades comunes. Ni tampoco se cuestiona porque unos fueron registrados y otros no, y porque esas fosas, que ocupan una superficie de 41.020 m2, “las más grandes de la historia europea del siglo XX”, según escribe Francesco Cossiga, Presidente de Italia, en el prólogo del libro de Toni Strubell “El moment de dir prou” (Pagès editors, Lleida, 2008), han sido mantenidas en la clandestinidad más absoluta, y tampoco que a Valencia, una ciudad mediana, más bien pequeña, le construyeron esas fosas tan inmensas con tantos miles de cuerpos (24.529 registrados en 6 años), tirados muchos sin tan siquiera un ataúd. Tampoco parece valer que vengan tantísimos de aquéllas cárceles improvisadas que todos los de la época en Valencia conocen, pero que rara vez aparecen en algún libro, como el Manicomio, las iglesias, los conventos, el Hospital y otros, con causas de muerte repetidas hasta la angustia: hambre, desnutrición, fractura de cráneo, asfixia por suspensión, hemorragia interna…y sin discriminación de edad ni condición: niños y niñas, mayores, mujeres, presos y presas …Y eso que es universal que falangistas, ricos y afectos al régimen, no morían por esas causas ni eran tirados a las fosas sin ataúd.
Y es que una cosa es la historia oficial que escriben los vencedores, que ahora son los firmantes de los Pactos de la Transición, y otra muy diferente, la que investigamos las víctimas para encontrar a los nuestros y que se les haga justicia Son dos concepciones muy diferentes que unas veces coinciden, pero otras no. En cualquier caso, hay algo que no gusta en ciertos ámbitos, y es que sean los afectados los que lleven la iniciativa de conocer la realidad de los suyos y de sí mismos.
En el Sumario, algunas cosas respecto a Valencia llaman la atención: en el Auto de 16 de octubre se admite a trámite la denuncia presentada por el Fòrum per la Memòria, pero en el desglose del número de víctimas por comunidades autónomas no constan las de las fosas del cementerio. Dicen que por error aritmético, que hay una diferencia de unas cien víctimas entre un documento y otro. Tras escrito junto a toda la documentación en soporte informático para subsanar “el error”, en Providencia de 29 de octubre, contestan que no ha lugar, aunque los datos serán valorados por el Grupo de Expertos al igual que todos los demás presentados. Es decir, se admite a las víctimas pero la cifra no se nombra.
Primero se elude a las víctimas y después a las fosas y eso que el Juzgado ordenó la exhumación de tres de ellas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encargó de paralizarlas. Se habían solicitado al Juzgado de acuerdo con las recomendaciones de Amnistía Internacional, partiendo de que las exhumaciones son un deber del Estado que es quien debe asumirlas. Esta entidad denuncia que España es el único país que ha trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidad de exhumar y recuperar los cuerpos, que no existen antecedentes de esta situación en ningún otro país. Son muchas las voces que dicen que han de hacerse para investigar el alcance de la represión (los cuerpos de los asesinados son la prueba de los crímenes), y para recuperarlos y darles sepultura digna, y que las realizadas sin las órdenes judiciales correspondientes, pueden suponer la destrucción de pruebas del genocidio. Incluso en Colombia, las exhumaciones se hacen por orden de la Fiscalía o de los jueces.
Todo hace pensar que el pacto de silencio que ha mantenido a las fosas y a las víctimas silenciadas incluso en democracia, sigue existiendo. Ni cuando la “izquierda” gobernó durante 14 años el Ayuntamiento se habló de ellas, y eso que también les construyó encima, y destruyó por tanto, restos de represaliados.
¿Por qué este interés en que no se hable de estas fosas? Cuando se creó la Comissió de la Veritat para alertar a la UNESCO y al Consejo de Europa del afán destructor del Ayuntamiento, empeñado en destruir la única que queda construyéndole encima 1.030 nichos, el diario El País, vinculado al PSOE, no lo publicó en la edición nacional, y eso que presidía la Comissió de la Veritat Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión Europea, y que intervinieron entre otros de igual relevancia, Desmond Tutú, Gabriel Jackon, o Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO, y que Lluís Llac interpretó de forma memorable “Campanades a Mort” en memoria de las víctimas que el franquismo tiró a las fosas. Puede que algún día lleguemos a saberlo.
Los Tribunales españoles declaran su competencia para investigar y perseguir crímenes cometidos en otros estados, alegando que no son aplicables las leyes de Amnistía y otras análogas, pero se declaran incompetentes para investigar los crímenes cometidos en España, así que la investigación del verdadero alcance de la represión y la justicia para las víctimas, no vendrán de su mano ni de la del Gobierno español o de otras instituciones del Estado. La falta de voluntad para poner fin a la impunidad y garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas, ha quedado meridianamente clara.
Ahora se cumple el sesenta aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pero en el Estado español se siguen violando. La injusticia que persiste sobre las víctimas del franquismo no es más que una muestra de ello.
Los Tribunales Internacionales, o los de otros estados por la vía de la reciprocidad, son la opción de que legalmente se haga justicia a las víctimas del franquismo, después de no lograrse en su propio estado, tras más de treinta años de democracia y de treinta y tres de muerto el dictador.
Empar Salvador. Presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80580
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