PSOE y PP unen nuevamente sus votos para proteger los sueldos de Aznar y Felipe González
Cobran del erario público y complementen sus ingresos con "trabajos" privados. La ley los protege, a la inmensa mayoría de la cámara le parece estupendo que puedan cobrar pensión vitalicia y sueldos millonarios como asesores. La crisis es para otros.
El PSOE y el PP han unido sus voces para impedir que el Congreso tramite una proposición de ley de Esquerra Republicana que pretendía impedir que los expresidentes del Gobierno, el Congreso y el Senado puedan cobrar pensiones vitalicias percibiendo a la vez otra retribución pública o un sueldo proveniente del sector privado.
El pasado mes de enero, tras los fichajes de los expresidentes del Ejecutivo, Felipe González y José María Aznar, por sendas empresas del sector energético español, PSOE y PP ya unieron sus votos para rechazar dos proposiciones no de ley de UPyD y de IU-ICV de contenido muy similar a la que se sometió a votación este martes.
En concreto, como se ha encargado de explicar su portavoz, Joan Ridao, los republicanos proponían que los expresidentes del Gobierno, el Congreso y el Senado puedan percibir durante un período equivalente a la mitad del tiempo que hayan ejercido el cargo, y como mínimo durante una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80 por ciento de la retribución mensual correspondiente al cargo que han ejercido.
PROPUESTA EJEMPLARIZANTE
Respecto a la pensión vitalicia que podrían cobrar una vez que alcancen la edad de jubilación, ERC planteaba que fuera del 60 por ciento del sueldo previsto para el cargo ejercido por el beneficiario y que ni la pensión ni la indemnización pudieran compatibilizarse con otro sueldo público o con ingresos provenientes del sector privado
En su intervención, Ridao coincidió con la diputada de UPyD, Rosa Díez, en recordar que las leyes en las que se basa el Estatuto de los Expresidentes son preconstitucionales y defendió su iniciativa como una propuesta “higiénica y ejemplarizante” en unos momentos en los que se, muchas veces “injustamente”, se acusa a los políticos de padecer el “síndrome de la clase preferente” y de disfrutar de determinados privilegios.
“En este contexto de descrédito hace falta más política y también buenos políticos sin patente de corso. Lo están pidiendo los acampados y una mayoría silenciosa también”, apuntó Ridao.
SI A LAS PENSIONES, PERO LIMITADAS
Todos los grupos han defendido que los expresidentes sigan percibiendo unas cantidades que les permitan “vivir con dignidad” y unas disfrutando de unas “prerrogativas acordes con el cargo que ostentaron”, pero sólo los minoritarios se han mostrado a favor de que esas retribuciones sean incompatibles con otros ingresos provenientes del sector privado.
Durante el debate fueron constantes las menciones a los ex presidentes del Gobierno, José María Aznar, –que es consejero de News Corporation, el grupo de comunicación de Rupert Mudorch y asesor externo de Endesa– y a Felipe González, que a principios de año fue fichado por Gas Natural-Fenosa.
Ambos reciben, según han recalcado distintos portavoces, entre 100.000 y 200.000 euros al año por esos puestos, cantidades que suman a sus pensiones vitalicias, lo que para el representante del BNG, Francisco Jorquera, no es “tolerable ni presentable”.
LEGAL, LÍCITO Y LEGÍTIMO, PERO QUIZÁ ANTIESTÉTICO
Como ya hicieron el pasado mes de marzo, PSOE y PP insistieron en que la pensión vitalicia que actualmente perciben González, Aznar y Adolfo Suárez, no es una “retribución personal”, sino una “asignación presupuestaria” para sufragar gastos protocolarios y la denominada ‘Oficina del Expresidente’.
El socialista Jesús Quijano confesó que a él personalmente no le “hace muy feliz” que quienes han presidido el Gobierno se pasen al sector privado cobrando cantidades como las que perciben Aznar y González, pero insistió en que eso se puede criticar “por estética”, pero es “perfectamente legal, lícito y legítimo”.
También lamentó que los españoles por “cainismo” no sean capaces de “rentabilizar” a quienes fueron sus presidentes encargándoles tareas institucionales en favor del país y que sean más valorados en el extranjero que dentro de España. Además, tildó la iniciativa de “demagógica y oportunista” y avisó a ERC que hay que tratar estos asuntos con rigor y seriedad para no “alentar la desafección” hacia la política.
Desde el PP, Arturo García Tizón también denunció que con este tipo de propuestas se “denigra” y se hace “un flaco favor” a la política, exigió que se trate a los cargos representativos con “respeto y responsabilidad” y dejó claro que, en cualquier caso, aunque se suprimiese esa dotación presupuestaria, no se impediría el trabajo ‘lobbista’ que pudieran realizar los expresidentes.
“No creo que 6.000 euros (al mes) sea una cantidad como para rasgarse las vestiduras y decir que es incompatible con la dignidad institucional que puedan sufrir por el hecho de que puedan tener actividades privadas en un momento posterior”, resumió el diputado ‘popular’.
Los diputados de CiU Jordi Xuclà y del PNV Aitor Esteban pusieron la misma pega al texto de ERC. Ambos rechazaron que se planteé una indemnización transitoria para los exmandatarios hasta que alcancen la edad de jubilación y luego se les dé una pensión, cuando son expresidentes desde que abandonan el cargo y debe reconocérseles esa condición.
Eso sí, Esteban abogó por la incompatibilidad que propone ERC: “O a setas o a rolex”, resumió Esteban, quien también sugirió que se prohíba a los presidentes pasar directamente de Moncloa a una empresa privada. Por su parte, Xuclà se mostró partidario de otorgar a los exmandatarios “una función institucional política y cívica de consenso” y que se les encarguen tareas concretas para aprovechar su experiencia.
ep